Mi cámara digital Olympus se ha averiado. Es una lástima, porque me gusta mucho, aunque sea antigua (en términos de equipamiento digital), y estoy tan habituado a usarla que no me gustaría cambiarla por otra.
En fin, que me he puesto en contacto con Olympus, y me han indicado que tengo que remitirles la cámara a través de la empresa de mensajería Nacex. Y aquí es donde empieza el abuso: En la empresa de mensajería me dicen que tengo que hacer una declaración de aduana, por lo que sale de la isla y por lo que entra, es decir que tendré que pagar aduana dos veces por mi cámara. Le digo que no es una venta, que se trata de enviar el objeto al servicio técnico oficial para España de la marca, pero me insiste que da igual, que debo pagar a un Agente de Aduanas para que verifique esa exportación/importación. Me dice que «aproximadamente», a falta de que el agente verifique la tarifa, me saldría unos 50€ sobre la base de que la cámara costase 200€ (aparte del gasto del envío propiamente dicho). La información es muy vaga, aunque intento que me especifique qué conceptos me cobrarán, no me ha dicho si tendré que pagar iva o igic, o si todo el importe es para satisfacer los «honorarios» del agente.
Me queda pendiente ir a Hacienda a informarme sobre la legalidad de este trámite, y sobre la posibilidad de realizarlo sin pasar por el agente de aduanas, que es un ente privado.
Algunos dirán: «pero ahí no pagan IVA». Y es verdad, aquí se paga IGIC del 5% en lugar del 18% de IVA, pero esa diferencia nunca se traslada al usuario final. Hay un pastel muy jugoso del 13% de todo el dinero que se gasta en Canarias, que alguien se lo queda, pero desde luego no son los consumidores.
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